viernes, 15 de agosto de 2014

Objeciones de la Memoria / Que no se froten las manos

Que no se froten las manos
 








La promulgación de las leyes secundarias en materia energética es un agravio para todos los mexicanos. Con su aprobación los legisladores y el gobierno de la República se han puesto de rodillas frente a las transnacionales. Se han rebajado a la categoría de gobernantes bananeros que siguen las instrucciones de los negociadores de las grandes compañías extranjeras. México no merece esta afrenta.

Las reformas tan presumidas por Peña y los legisladores brindan impunidad a las transnacionales. Las libran de obligaciones como el pago de utilidades a los trabajadores y se abre la puerta para la extranjerización de negocios como las gasolineras y de toda la cadena productiva de los hidrocarburos y la electricidad.

Las afectaciones a la ciudadanía son múltiples: se legaliza la ocupación forzada del suelo, la entrega de las tierras de los campesinos en expropiaciones para que se pongan al servicio de las compañías extranjeras. También se eliminan subsidios y se cambian esquemas fiscales, lo que se traducirá en el incremento de precios de los combustibles y de la luz.

Todas estas decisiones se tomaron de espaldas a la ciudadanía. Sin debate, sin consultar a especialistas y sin velar por los intereses de nuestro país, lo que constituye un acto de traición y entreguismo por parte de Peña Nieto y de los legisladores.

No obstante, la privatización de los energéticos no obedece exclusivamente a una concepción ideológica. El motor más importante de la llamada reforma energética es la corrupción. Hay avidez por parte de la clase política de hacer grandes negocios con las petroleras.

Para muestra un botón: todavía no se entrega el primer contrato y los diputados ya disfrutan de “subvenciones extraordinarias” y buscan también aprobarse un bono de retiro “de a millón por diputado” en reconocimiento a su trabajo, como si perjudicar a la mayoría y defraudar la confianza de sus votantes fuera merecedor de reconocimiento alguno.

Sin embargo, el capítulo de la privatización del petróleo aún no se ha terminado. Falta saber qué dice la gente. Morena ya cuenta con un millón 600 mil firmas que la ley requiere para hacer la consulta sobre la llamada reforma energética y todavía hay tiempo para recaudar más apoyo ciudadano. La consulta se va a llevar a cabo, no habrá ningún argumento legal para negar este derecho a la ciudadanía.

Morena cumplirá con todos los requisitos para que el 7 de junio de 2015 se pregunte a la gente si está de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Que todavía no se froten las manos. Esta lucha no se ha terminado.




Martí Batres Guadarrama

Objeciones de la Memoria

Gran Angular / Línea 12: los responsables

 
Línea 12: los responsables
 








La Contraloría del gobierno del Distrito Federal concluyó la investigación que determina quiénes son los responsables de los errores, en proyecto, construcción, alquiler de carros incompatibles con la vía y trazado, que dieron lugar a que quedaran fuera de servicio 11 de 20 estaciones de la Línea 12 del Metro desde el pasado 11 de marzo.

Los peritajes, por supuesto, ya apuntaron contra las empresas ICA, Alstom y Carso que integraron el consorcio constructor de la Línea. Pero detrás de ellos hay responsabilidades de servidores y ex servidores públicos del GDF, a los que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no parece dispuesto a permitirles que queden en la impunidad.

Ya se ha informado que son entre 20 y 25 funcionarios y ex funcionarios del GDF de buen nivel. Pero sus nombres se sabrán oficialmente hasta la segunda semana de septiembre próximo, poco antes de que Mancera rinda ante la Asamblea Legislativa su segundo Informe de gobierno con dos mensajes específicos: el castigo a los servidores públicos responsables y la garantía de la viabilidad del maltrecho Metro a partir de la creación de un fideicomiso maestro.

Puede adelantarse, sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación y a las auditorías, que los señalamientos de responsabilidad llegarán tan arriba como la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino. De ahí salió el dinero y no cabe el cínico argumento de que ellos consiguieron el recurso y que su aplicación y gasto es asunto de otras ventanillas.

Se infiere, por lo tanto, que la acusación llegará hasta Mario Delgado, el hoy senador que fue secretario de Finanzas (y “delfín” para sucederlo) del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en cuya gestión se realizó la obra.

Otros funcionarios a los que se fincará probable responsabilidad —según dijeron las fuentes consultadas— serán el ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, Francisco Bojórquez y el ex director del Proyecto Metro del Distrito Federal, Enrique Horcasitas.

Pero hay —siempre de acuerdo con la fuente consultada— por lo menos otros 17 funcionarios o ex funcionario, de los que 15 trabajaban o trabajan en Proyecto Metro y dos más en el Sistema de Transporte Colectivo.

Entre ellos están Óscar Leopoldo Díaz González Palomas, quien fuera subdirector general de Mantenimiento del Metro, así como Juan Mercado, ex subdirector general de Administración y Finanzas.

Otros nombres de probables responsables que aparecen en un informe entregado a la comisión investigadora que se creó en la Cámara de Diputados, son: Silvia Sotero Díaz, directora de Diseño de Instalaciones Electromecánicas; Carlos Raúl Cruz Neri, director de Construcción de Instalaciones Electromecánicas y quien fue subdirector de Obra Electromecánica durante la pasada administración; Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles; Kooichi Mario Endo Jiménez, director de Obras Inducidas; Juan Antonio Giral y Mazón, director de Diseño de Obras Civiles; y José Pascual Pérez Santoyo, director de Administración de Contratos.

Además, Reyna María Basilio Ortiz, directora ejecutiva de Operación y quien se desempeñó como directora de Administración de Contratos en el sexenio pasado; Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración; Filiberto Salazar García, jefe de Unidad Departamental (JUD) de Obra Civil; José Guadalupe Rojas Lizaola, subdirector de Obra Civil C; Antonio Escobedo Maciel, JUD de Obra Civil A; Noé Quiroz González, JUD de Residencia de Obra Civil B3; y Enrique López Novia, JUD de Residencia de Obra A1, también integran la lista.

Ya se verá a cuántos de los señalados se les fincará responsabilidad.

Por lo pronto, el actual director del Metro, Joel Ortega, planteó la creación del Fideicomiso Metro para darle viabilidad a ese importante sistema de transporte de la ciudad. Entre los compromisos ahí asumidos están los siguientes: la compra de 45 trenes nuevos para la Línea 1, la compra de otros 12 para la Línea 12, la renovación integral de la Línea 1 y remodelación de sus estaciones con la asesoría del Metro de París; mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2, reparación de los 105 trenes que están fuera de servicio, renivelación de vías en la Línea A y sustitución de 62 escaleras electromecánicas en diversas estaciones de la red.

¿Cuánto y cuándo? Pues eso aún no se define.





Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

miércoles, 13 de agosto de 2014

Gran Angular / El reparto y las prisas

El reparto y las prisas
 
 









La Secretaría de Energía (Sener) informará en el transcurso de hoy con qué campos se quedará Pemex para la exploración y producción de petróleo y gas. También dará a conocer cuáles se incluirán en un primer paquete de licitación para que el capital privado nacional y extranjero. Además, definirá en qué áreas y campos se asociará la petrolera mexicana con empresas privadas del sector. Hoy se sabrán, pues, los resultados de la “ronda cero” y de la “ronda uno”.

De acuerdo con investigadores de la UNAM, como el maestro Fabio Barbosa Cano, Pemex conservará más de 95% de los campos actualmente en producción:

1. El campo Ku Zaap Mallob, en la Sonda de Campeche, con una producción de 840 mil barriles de petróleo diarios, es decir, uno de cada tres barriles de los que extraemos actualmente.

2. Cantarell, también en la Sonda de Campeche que, aún en pleno declive produce 300 mil barriles diarios, el equivalente a lo que produce el campo más productivo de Estados Unidos en aguas profundas del Golfo de México, llamado “Thunder horse”.

3. Los campos del litoral de Tabasco, entre ellos el de Tsimin, recientemente puesto en producción; los del delta del río Grijalva y el complejo Antonio J. Bermúdez.

Y 4. Algunas partes de los campos de Chicontepec, al norte de Veracruz; y de la zona de lutitas, en el norte del territorio. Estos y algunos más de los que ya sabremos hoy, producen la mayor parte de los dos millones 400 mil barriles diarios que actualmente extraemos en el país.

De acuerdo con las fuentes consultadas, serán los campos que requieren de mayor inversión y de recursos técnicos de avanzada por su complejidad geológica, los que se entreguen al capital privado. Podrían ser los siguientes:

1. Aguas profundas del Golfo de México, sobre todo en tres zonas:

a) Frente a las costas de Campeche, donde se perforarían pozos de 650 a dos mil 500 metros de profundidad. Se trata de crudos muy pesados con una consistencia similar a la del lodo, lo que dificulta extracción y transporte.

b) Frente a las costas del sur de Veracruz, a la altura de Catemaco. Son campos que combinan crudo y gas. La extracción de este último podría posponerse hasta que su deprimido precio pueda ser rentable.

c) Los campos transfronterizos, con una gran expectativa de riqueza pero cuya explotación requiere millonarias inversiones (baste decir, a manera de ejemplo, que el alquiler de una plataforma de perforación en esa zona cuesta sobre el medio millón de dólares diarios).

2. Los campos conocidos como “pre sal”, en el Istmo de Tehuantepec y extensiones hacia Tabasco y Chiapas. De estos pozos se tenía conocimiento desde el Porfiriato, pero su producción se postergó por años al topar con gruesas capas de sal que no era posible traspasar (de ahí que se llamen “pre sal”). Este tipo de campos requieren de tecnologías sofisticadas como las que ya se aplican en países como Brasil.

3. La zona de lutitas, pletórica de gas natural en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su explotación requiere también de cuantiosas inversiones.

Es en todo ese universo donde están los 11 mil millones de barriles de reservas probadas, los 10 mil millones de barriles de reservas probables y los 10 mil millones de barriles de reservas posibles.

Para conocer los resultados de las rondas “cero” y “uno”, la reforma constitucional marca como plazo la segunda semana de septiembre. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto decidió adelantarlo para hoy. Es obvio que hay prisa. ¿Por qué?

Tres son las razones posibles: 1. Obtener a la brevedad los beneficios de la reforma, que es la esgrimida por el gobierno y la que es políticamente correcta y mediáticamente redituable; 2. El aceleramiento en la declinación productiva de los actuales cambios, lo que redundaría en los ingresos presupuestales de este año y el próximo, y que urge compensar; y 3. Formalizar ya contratos, que incluirán fuertes multas en caso de incumplimiento, ante la eventualidad de protestas sociales (que no se ven hasta ahora por ningún lado) y la eventualidad de una decisión revocatoria de la consulta popular planeada para junio del año próximo. ¿Usted con cuál se queda?




Raúl Rodríguez Cortés


Gran Angular
El Gráfico

lunes, 11 de agosto de 2014

Gran Angular / El día que entregamos el petróleo

El día que entregamos el petróleo


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Cuando el presidente Peña Nieto promulgue hoy las leyes reglamentarias de la reforma energética, terminará un proceso de casi 30 años que finalmente abrió la producción de petróleo y electricidad al capital privado nacional y extranjero.

Para sus impulsores, el grupo de tecnócratas que ha gobernado durante las presidencias de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Peña Nieto, es la panacea hacia la modernidad y el crecimiento del país.

Priístas y panistas ya indistinguibles, todos ellos vinculados al poder económico nacional, y supeditados con él a un proyecto estadounidense de dominación que asigna a nuestro petróleo el papel de garante de su seguridad energética, no de la nuestra, han operado un cambio radical que nos sacudirá, según ellos para bien, aunque muchos pensamos que para mal.

Ese cambio radical marca el fin del proyecto nacional surgido de la Revolución y limita, si no es que nulifica, el manejo soberano, siempre en función del interés nacional, de recursos estratégicos como el petróleo.

Es cierto que desde una perspectiva estrictamente técnica, necesitamos herramientas tecnológicas con las que no contamos, para extraer y beneficiarnos de toda esa riqueza. Pero para esa tecnología ¿era necesario entregar su producción y la renta?, ¿era inevitable aceptar una imposición geoestratégica estadounidense?, ¿era irreversible mantener el esquema exportador de la materia prima en lugar de transformarla para nuestro propio desarrollo?

En lo personal, creo que no y estoy de acuerdo con que la reforma energética se someta a una consulta nacional que eventualmente la revertiría si nos atenemos al pensamiento de una mayoría, expresado en múltiples sondeos, que parece no estar de acuerdo con la reforma pero que permanece silenciada quién sabe por qué desencantos.

Instantáneas

1. PROTESTA. El sueño guajiro de ser candidato presidencial parece desmoronársele al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Grupos de poblanos realizaron ayer la primera de las varias marchas de protesta anunciadas contra la represión. En el centro del malestar está la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo durante el desalojo de un bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco. La marcha de ayer la encabezó la madre de la víctima, quien insiste que el deceso fue provocado por una bala de goma que reventó el cráneo del menor. El gobierno de Moreno Valle ha desmentido el uso de este tipo de armamento y argumenta que la muerte fue ocasionada por un cohetón lanzado por encapuchados infiltrados entre los manifestantes. El procurador de Puebla, Víctor Carrancá, compareció el viernes pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realiza una investigación paralela. Ahí reconoció que la tesis del cohetón no es definitiva, pues falta valorar las evidencias presentadas por quienes participaban en la protesta. El asunto crece y amenaza con reventar otras cabezas.

2. REVOCACIÓN. También en Morelos hubo ayer protestas populares que exigen la destitución del gobernador Graco Ramírez. Al término de una marcha en Cuernavaca, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) informó del acuerdo tomado para llevar a el próximo 5 de octubre un plebiscito revocatorio del mandato del gobernador morelense. Los nulos resultados en seguridad son el principal reclamo de una población que no baja a Graco de mentiroso, pues al tomar posesión aseguró que terminaría con la inseguridad en 18 meses. Están por cumplirse 21 y nada. El problema, por el contrario, se agrava. Mucho se asemeja la situación al año de 1996 cuando Graco, desde la oposición, fue una de las figuras de la política morelense que llevaron a la renuncia al entonces gobernador del PRI, Jorge Carrillo Olea.

3. ¿CAPRICHO? Hoy debe conocerse la iniciativa de ley de educación de Oaxaca. La CNTE concluyó el fin de semana la que, según dijeron, será la que se lleve al Congreso del estado de la mano con el gobierno de Gabino Cué, según los acuerdos tomados por ambas partes durante los últimos meses. Acorralado como está por los maestros, Cué echó mano del presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso, Alejandro Avilés, para hacer saber que la legislación no será a capricho de la Coordinadora y no revertirá la reforma educativa aprobada a nivel federal. Dijo que esa soberanía debatirá la propuesta de los maestros, la iniciativa que envíe Cué y las ya existentes. El asunto amenaza con salirse de control.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

viernes, 8 de agosto de 2014

Objeciones de la Memoria / El atraco no se ha consumado

El atraco no se ha consumado



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Esta semana que concluye, el Congreso de la Unión terminó de aprobar los dictámenes de las leyes secundarias sobre la reforma constitucional en materia energética. Todo apunta a que el próximo lunes Enrique Peña Nieto las promulgue con lo que, en apariencia, la privatización de los energéticos será consumada.

Sin embargo, se trata de una simulación. Para que esta contrarreforma se concrete, primero se tiene que llevar a cabo la consulta popular sobre la materia con la cual se podría anular todo lo votado por los legisladores y todo lo promulgado por Peña Nieto al respecto.

Como todo en este sexenio, la aprobación de la llamada reforma energética es más un acto de propaganda que una muestra de efectividad política. Todo lo invertido en medios y en lobby legislativo no ha servido para mover la opinión de la ciudadanía. No hay encuesta que muestre que los mexicanos están mayoritariamente de acuerdo con la privatización.

Por eso, la Consulta Popular que promueve Morena y Andrés Manuel López Obrador es un medio efectivo para echar atrás la intentona privatizadora. Al momento se han recaudado ya más de un millón 250 mil firmas. El requisito de contar con el apoyo de el equivalente al 2 por ciento de los afiliados al padrón electoral se cumplirá sin ninguna duda.

Otro requisito es que la pregunta que se pretenda hacer a la ciudadanía no toque temas presupuestales, de seguridad nacional, electorales, el funcionamiento de las fuerzas armadas o que violen los derechos humanos. La pregunta que promueve Morena cumple con las condiciones que impone la ley.

La estrategia que ha seguido López Obrador para conseguir que se le pregunte a la gente sobre la privatización del petróleo es la más adecuada y no encontrará ningún obstáculo legal. Dicho sea de paso, también brinda la certeza a la ciudadanía de que su voluntad manifiesta en una firma no será usada como moneda de cambio ni estará sujeta a ninguna negociación.

Por eso, en este momento, la estrategia de Peña Nieto se enfoca en crear desánimo y resignación ante “hechos consumados” para que la gente no firme, para que no se interese, para que deje hacer y pasar este hecho que significa renunciar al futuro del país.

No debemos dejarnos engañar. En el tema de la reforma energética la última palabra será de la gente. Por eso hay que abrirle las puertas a los Promotores de la Soberanía Nacional y firmar con todas nuestras ganas.



Martí Batres Guadarrama

Objeciones de la Memoria

Gran Angular / Petróleo y consulta popular

Petróleo y consulta popular


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Las leyes reglamentarias de la reforma energética fueron aprobadas en su totalidad y todo indica que la semana entrante serán promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Se completó así un proceso legislativo que tomó poco más de un año y medio al actual sexenio.

La apertura al capital nacional y extranjero de la industria energética fue uno de los objetivos centrales que se planteó el PRI en su regreso a Los Pinos. Lo sacó adelante con el voto del PAN, que siempre deseó la paternidad de la reforma pero que, paradójicamente, el tricolor le escatimó durante los gobiernos de Fox y Calderón. La oposición de la izquierda electoral fue insuficiente para evitarla, desgastada, como está, después de haber respaldado en el Pacto por México, el resto del paquete de reformas peñistas. Entre tanto, la bandera en defensa de los recursos energéticos de la nación y la soberanía, fue momentáneamente arriada por López Obrador, ocupado como estaba en la conformación de Morena como partido político.

Para Peña Nieto y su gobierno, así como para el PRI y PAN, la reforma energética y sus leyes secundarias son la plataforma de lanzamiento del país al desarrollo tecnológico, la captación de más inversión y la generación de empleo, en suma, del crecimiento económico prácticamente nulo durante las tres décadas que llevamos de un proyecto neoliberal que hoy, con esos cambios, coloca la cereza del pastel.

Para la izquierda electoral (el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano) y la izquierda social (Morena), la reforma de marras no es más que el remate del país a los intereses transnacionales. Ambas asumieron que nada había que hacer ya frente a la mayoría legislativa que construyeron tricolores y blanquiazules. Y ambas confían que mediante la consulta popular (parte, por cierto, del capítulo político del paquete reformador), se podrá revertir.

PRD y Morena han caminado en esa dirección pero cada quien por su lado y sin ánimo de sumarse al mismo esfuerzo, lo que acaso les reste efectividad.

Pero la pregunta es: ¿realmente es aplicable una consulta popular sobre la reforma energética?

Vayamos primero a la Constitución. Su artículo 35 señala que la consulta popular es aplicable sólo en temas de trascendencia nacional y cuando la vía para solicitarla es de lista nominal de electores que, actualizada a agosto de este año, es de 80 millones 38 mil 75 ciudadanos. Si la consulta, a realizarse el día de la jornada electoral federal cuenta con la participación de 40% de esa lista nominal (32 millones 15 mil 230 ciudadanos), su resultado entonces será vinculatorio, es decir, obligatoriamente aceptado por el gobierno.

Desde la Constitución, pero más explícitamente en la Ley Federal de Consulta Popular, se establece que la trascendencia nacional de un asunto la determinan dos criterios: que repercuta en la mayor parte del territorio nacional y que impacte a una parte significativa de la población. Ambos criterios están en el tema de los cambios en la industria energética. De cualquier forma, será la Suprema Corte la que determine si el tema a consultar tiene tal trascendencia.

La Constitución y la ley de Consulta también especifican que no pueden ser sometidas a ese ejercicio ciudadano ni el régimen político de la nación, ni su seguridad, ni el respeto a los derechos humanos, ni los ingresos del Estado.

Este último condicionante (innegable es que en el petróleo se fundamentan una buena parte de los ingresos del Estado), es el que esgrimen algunos constitucionalistas consultados para afirmar que no es viable la aplicación de la consulta popular en el tema energético. Otros, sin embargo, argumentan que la cuestión de los ingresos es solamente la consecuencia de lo central que es la transferencia de la propiedad de los recursos de la nación. Como se ve, los constitucionalistas están divididos en el tema.

Por lo pronto, López Obrador informó ayer que Morena ya recabó un millón 300 mil firmas. Le faltan otras 300 mil para completar el requerido 2% de la lista nominal. El PRD, por su parte, mostró el 27 de julio pasado 160 mil firmas, sin que hasta ahora haya dado cuenta de más. El partido del sol azteca se planteó tener para septiembre próximo 4.5 millones de firmas.

En manos de la Corte quedará pues la determinación de realizar o no la consulta de marras.



Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

viernes, 1 de agosto de 2014

Objeciones de la Memoria / El Congreso de los buitres

 
El Congreso de los buitres
 








Diputados y Senadores se han apresurado a desgarrar al país. En caliente, sin debate, han aprobado una a una las leyes reglamentarias que facilitan la entrega de los energéticos a las transnacionales. No les ha importado mentir. En el pleno palomean disposiciones que provocarán el incremento de los energéticos, y ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación sostienen que hicieron exactamente lo contrario. Aseguran que sus disposiciones provocarán el desarrollo de México, pero la realidad es que sus votos son a favor poner toda la expectativa de desarrollo nacional en manos de las transnacionales.

Más aún, como en toda privatización pretenden socializar las deudas y privatizar las ganancias. El compromiso de los legisladores es con las transnacionales y no con el país. Con la privatización del petróleo y la energía eléctrica la gente no sólo pagará más cara la gasolina y la luz, también pagará más impuestos para reponer el dinero que se llevarán los extranjeros y, por si esto fuera poco, todos nos haremos cargo de una deuda de dos billones de dólares producto de los malos manejos del petróleo por parte de gobiernos del PRI y el PAN. Es el llamado Pemexproa en alusión al fraude monumental que representó en los 90 el rescate bancario.

Esto quiere decir que la ciudadanía pagará tres veces la privatización de los energéticos: por la vía de los nuevos impuestos y del incremento de los ya existentes, por el incremento en el precio de la gasolina, sus derivados y de la luz eléctrica, así como por el pago de esta deuda gigantesca. Esto constituye el robo más grande de todos los tiempos y si no que le pregunten al ex presidente Ernesto Zedillo que hace unos meses declaró que una privatización de ese tipo no la había concebido ni en sus sueños “más salvajes”.

No exagera Andrés Manuel López Obrador cuando dice que los porfiristas parecen niños de pecho comparados con los políticos encumbrados de nuestros días y es que cada proceso de privatización que ha sufrido el país es, al mismo tiempo, un monumental acto de corrupción que se pone en evidencia cuando los impulsores de la cesión de la riqueza nacional aparecen tiempo después como gerentes, asesores o inversionistas de las empresas beneficiadas.

Es decir que la fortuna económica de estos políticos privatizadores está basada en la derrota de la nación entera, en dejar a la deriva el futuro de las nuevas generaciones que nacerán en un país saqueado e hipotecado.

No obstante, frenar esta andanada está en las manos de todos. Basta con abrir la puerta a uno de los miles de Promotores de la Soberanía Popular de Morena que recorren todo el país y obsequiarles una firma en apoyo a la petición de que se realice una consulta sobre la llamada reforma energética. Estas firmas son un vale por el futuro de nuestros hijos y por la tranquilidad de nuestras familias. Si la consulta se lleva a cabo, la privatización de Peña Nieto pasará a la historia como un intento fallido más por entregar la riqueza de la nación. Por eso, el desánimo o la apatía juegan a favor de la reacción. Cada firma recabada es un vale por la esperanza.




Martí Batres Guadarrama

Objeciones de la Memoria

Gran Angular / Crueldad yucateca

 
Crueldad yucateca
 








Ellos lo inventaron y le llaman “torneo de lazo”. Se trata precisamente de eso: lazar a toros de media casta. Al ruedo de plazas formalmente constituidas, pero también de las improvisadas, entran a caballo entre diez y doce jinetes. Gana el que primero que lace y derribe al astado. Un poco como las suertes de la charrería, como los jaripeos, pero amontonados y con algunas licencias salvajes, para hacer la diferencia.

El toro entra al ruedo nervioso, enfurecido, lastimado. Le han dado toques eléctricos o cortado las orejas. Corre excitado y, aún así, intenta esquivar al tumulto de jinetes y caballos. Cuando esa posibilidad ya es imposible, el toro arremete contra los equinos. Las astas penetran sus costados, sacuden al animal, le sacan las vísceras. El público, muchos niños incluidos, grita y se excita. Los adultos beben y, bravucones, saltan al ruedo a enfrentar al toro vejado, para ellos un asesino. Ya han cruzado apuestas por ese o aquel astado, el que más caballos ha destripado, el más cotizado.

Caballos y jinetes que han evitado las embestidas se concentran ahora en tirar el lazo. Un alarido del “respetable” cuando lo consiguen y derriban al toro, lo estrangulan hasta provocarle la asfixia. En esta parte también se cruzan apuestas pero por el jinete que más toros ha asfixiado. Y por qué no, también se apuesta entre jinetes.

Muchos alegan que son costumbres, tradiciones ancestrales. Aunque lo fueran, ni eso justifica la crueldad con que los “antropocéntricos”, los que creen que pueden hacer lo que quieren con la naturaleza, sacrifican a esos pobres animales. Pero el “torneo de lazo” ni es tradición ni es costumbre, es un vulgar negocio que se inventó hace diez años y que incumple varios artículos de la vigente Ley de Protección a la Fauna del estado de Yucatán.

Activistas de la organización no gubernamental AnimaNaturalis encabezados por José María Férez Gil, coordinador del área contra la tauromaquia, han pedido al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello que evite este tipo de espectáculos ilegales y que en la legislación correspondiente se prohíba explícitamente y se castigue con cárcel este cruel espectáculo.

Pero nada, el “torneo de lazo” sigue cada semana, en plazas que ni siquiera cumplen los mínimos de protección civil y sin la seguridad que evite los lances de borrachos que acaban muertos en la arena cogidos por un toro enloquecido de miedo y de dolor.

Nada dice el gobernador Zapata Bello como nada dicen quienes se benefician del negocio de la tauromaquia, cada vez menos concurrido y proscrito en localidades de los cuatro o cinco países, incluido México, donde aún se permite su práctica.

Muchos de ustedes, queridos lectores, ni siquiera han de imaginar las cosas que ocurren en las oscuridades de la tauromaquia: toreros que van a practicar a rastros donde por un dinero se les permite matar reses que serán para el consumo humano (seguramente como hace quinientos años cuando en el matadero de Sevilla a alguien se le ocurrió realizar la matanza de toros mediante suertes diversas); tientas privadas donde los padres llevan a sus hijos para que aprendan a matar vaquillas; o extraños procedimientos financieros y contables, que no hacen comprensible la cada vez mayor ausencia de público y la permanencia de un espectáculo en el que un toro de lidia puede costar hasta medio millón de pesos y un torero no se presenta por menos de doscientos mil.

Pero en el caso específico de las corridas de toros, todo parece permanecer para satisfacer los gustos o los intereses o ambos de las tres familias que las controlan: los Bailléres, del poderoso Grupo Bal, un conglomerado que participa en diversos sectores de la economía con empresas como Peñoles, Palacio de Hierro, Nacional Provincial y el ITAM, y que actualmente son dueños de casi 70 por ciento de las plazas de toros que hay en el país; los Alemán, herederos de un ex presidente de la República, con diversos negocios como la aerolínea de bajo costo Interjet, y que operan la Plaza de Toros México; y los Cosío, empresarios hoteleros dueños de Las Brisas y copropietarios del terreno en que se encuentra la principal plaza de toros del país.

El tiempo dará la razón a quienes se oponen a las diversas prácticas despiadadas de la tauromaquia, pero por lo pronto urge hacer algo para frenar esta expresión de la crueldad yucateca.

¿Dónde anda señor gobernador Zapata Bello?




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico