lunes, 27 de octubre de 2014

Gran Angular / El caso Iguala y sus pesadas facturas

El caso Iguala y sus pesadas facturas



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Al PRD y al gobierno de Enrique Peña Nieto, la crisis de Iguala les ha pasado ya una pesada factura cuyo costo crecerá conforme pasen los días y no aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el partido del sol azteca se ha profundizado la fractura, a grado tal, que la corriente que confronta con más fuerza a la que domina sus estructuras de mando ya pide el desconocimiento del recién electo Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Carlos Navarrete.

Éste, como se sabe, pertenece a la tribu dominante, la Nueva Izquierda de Los Chuchos, que apoyó la candidatura del hoy depuesto gobernador Ángel Aguirre y la del prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Navarrete y Los Chuchos (Jesús Ortega y Jesús Zambrano), convencidos de que Aguirre era el único que podía garantizarles la continuidad en Guerrero con la candidatura del senador Armando Ríos Piter, mantuvieron hasta el último momento su apoyo al defenestrado gobernador. Cometieron el error de privilegiar sus intereses electorales sobre la humana y hasta políticamente correcta exigencia de abocarse a aclarar, antes que nada, el ataque y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

De manera que no pudieron resistir más la presión de Peña Nieto, del PRI y del PAN, así como de la comunidad internacional, y Aguirre, a regañadientes, se vio obligado a solicitar licencia el jueves pasado.

El control de daños incluía la designación como gobernadora sustituta a otra influyente integrante de Los Chuchos, la consejera nacional y secretaria de Desarrollo Social del estado, Beatriz Mojica Morga, quien el mismo jueves se perfilaba claramente como la sucesora de Aguirre.

Pero el apoyo a éste y la gravedad de la crisis de Iguala ya había debilitado de tal manera a Navarrete y a Nueva Izquierda, que no les alcanzó para amarrar la designación de Mojica entre la mayoría perredista y la oposición priísta en el Congreso del Estado.

Fue así que durante el fin de semana surgió una alternativa conciliadora en la figura del académico Rogelio Ortega, en esos momentos secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero y vinculado, por cierto, al grupo político de Armando Chavarría, cuyo asesinato en agosto de 2009 cortó de tajo sus aspiraciones para suceder al entonces gobernador Zeferino Torreblanca.

El sábado pasado, el Congreso de Guerrero dictaminó y aprobó la licencia solicitada por Aguirre, pero ese mismo día, normalistas y maestros disidentes radicalizaron su protesta, saquearon centros comerciales de Chilpancingo y enviaron el mensaje de que, aun con la renuncia del gobernador, la crisis ni siquiera se encaminaba por una ruta de solución.

Urgía entonces llenar el hueco constitucionalmente y amarrada la designación de Ortega, el Congreso de Guerrero citó a sesión ayer a las ocho de la mañana. Rogelio Ortega rindió protesta y pronunció un discurso en el que estableció como prioridad la localización de los normalistas desaparecidos. “Ayúdenme”, fue la palabra más utilizada en su alocución. Ayuda que mucha falta le hará para culminar la responsabilidad que asumió y terminará en octubre del año próximo.

Concluido el protocolo, la corriente Izquierda Democrática que encabeza René Bejarano, pidió el desconocimiento de la dirigencia nacional del PRD por su mostrados vínculos con la delincuencia organizada.

Otra de las operaciones perredistas de control de daños era, por supuesto, la derivación de responsabilidades hacia Andrés Manuel López Obrador, a partir de lo que —aseguran— fue su apoyo como candidato presidencial a Ángel Aguirre y la designación que hizo como candidato de Morena al gobierno de Guerrero de Lázaro Mazón, hasta hace unos días secretario de Salud del estado, cargo del que fue separado por su no negada relación de amistad con el alcalde prófugo, José Luis Abarca. El fraseo mediático de esas relaciones llevó a manipular la idea de que AMLO tenía relación con quien ahora es acusado de autor intelectual del ataque y la desaparición de los normalistas.

Pero ayer, en el multitudinario mitin de Morena realizado en el Zócalo, López Obrador aclaró que no conocía ni jamás se reunió con Abarca y respecto a Aguirre, reveló que jamás firmó con él compromiso alguno de apoyo porque rechazó respaldar que los normalistas tuvieran garantizadas sus plazas en el magisterio. No negó, por cierto, su relación con Mazón, pero exigió que, para eliminar suspicacias y encaminarnos al conocimiento de lo ocurrido, se conforme una comisión de la verdad.

En medio de todo esto, el gobierno de Peña Nieto ve cómo pasan a un segundo término

los festejos por sus reformas y, arrinconado, no atina cómo justificar y defender una estrategia de seguridad que a todas luces ha fallado y que deberá cambiar.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

viernes, 24 de octubre de 2014

Objeciones de la Memoria / Nos vemos en el Zócalo

 
Nos vemos en el Zócalo
 









Hay una crisis nacional. Urge presentar una alternativa desde abajo que tenga como principal objetivo construir un país diferente, un país mejor de lo que tenemos hoy. El próximo domingo, a las 11:00 de la mañana en el Zócalo capitalino, con Andrés Manuel López Obrador podremos dar un paso adelante en ese sentido. Sobran las razones para hacerlo posible.

Los crímenes que han cimbrado a nuestra sociedad en las últimas semanas, Tlatlaya y Ayotznapa, son responsabilidad del Estado que encabeza Enrique Peña Nieto que no ha sido capaz de frenar tanta violencia y tanta impunidad.

Con Tlatlaya y Ayotzinapa volvió el terror de los fusilamientos y las matanzas a estudiantes y coincide con el retorno del PRI y la firma del llamado Pacto por México.

La alianza entre PAN, PRI y PRD lejos de significar progreso y gobernabilidad han sumido al país en la desesperanza y la violencia y ha terminado por reproducir prácticas autoritarias como el encarcelamiento a los críticos del sistema.

Están presos Nestora y Mireles, líderes de las autodefensas de Guerrero y Michoacán. Mientras, los criminales se encuentran libres. Asimismo, hay presos políticos en Quintana Roo por defender el agua como derecho humano y rechazar su privatización y, en contraste, los dueños de la mina Buenavista del Cobre que contaminaron el Río Sonora están libres.

Las fuerzas policiacas hacen gala del abuso en prácticamente todo el territorio nacional y ejemplos sobran: secuestraron a jóvenes en Monterrey, asesinaron a un niño en Puebla, mataron a un joven estudiante en Guanajuato.

Y las arbitrariedades parecen no parar: también reprimieron y violentaron todas las movilizaciones juveniles de los últimos dos años y, por si fuera poco, también reprimieron y encarcelaron a pobladores de Cholula que protestaron contra obras del gobierno de Puebla, donde han encarcelado a 40 luchadores sociales en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

En lo que va del sexenio de Peña Nieto queda claro que hay dos formas de tratar a la gente por parte de los órganos de gobierno: por un lado quitan derechos a maestros y obreros, aumentan impuestos a pequeños comerciantes y, por otro, le dan un bono de un millón de pesos a los diputados del PRI, PAN, PRD, PANAL y VERDE que aprobaron las llamadas reformas estructurales.

Reformaron la Ley para poder enviar a la cárcel a pequeños empresarios deudores de la banca, pero nadie sanciona a los miembros del Comité del Fondo Petrolero de México que, al mismo tiempo, son asesores de transnacionales energéticas.

Autorizaron a extranjeros a ser propietarios de playas y franjas fronterizas y quieren autorizar la expropiación de tierras de campesinos a favor de las empresas transnacionales a las que EPN desea entregarles el petróleo, la máxima riqueza de la nación.

La dinámica del régimen es muy sencilla: para los amigos, negocios, bonos millonarios y privilegios; para el pueblo impuestos, represión, cárcel y campañas de desprestigio. Por eso vamos al Zócalo capitalino este domingo, a exigir consulta sobre la privatización pero también a demandar paz y justicia.





Martí Batres Guadarrama

Objeciones de la Memoria

Gran Angular / ¿Y los normalistas?

¿Y los normalistas?



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Ya rodó la cabeza de Ángel Aguirre y ya esbozó Murillo Karam una línea de investigación con narrativa y móvil, pero los 43 normalistas no aparecen. Puede decirse, por lo tanto, que la situación casi no ha cambiado al cumplirse un mes de la tragedia que tiene indignado al país entero y en crisis al gobierno de Peña Nieto.

El procurador general de la República dio a conocer el miércoles 22 de octubre una primera narrativa oficial de lo ocurrido, sobre la base de las investigaciones y de la declaración, al parecer crucial, de Sidronio Casarrubias, jefe de la organización criminal Guerreros Unidos, detenido la semana pasada, quien imputó directamente como autores intelectuales de la muerte de seis normalistas y la desaparición de 43, al ex alcalde José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

Para evitar que los estudiantes de Ayotzinapa “sabotearan” el informe que ésta rendiría como presidenta del DIF local, Abarca ordenó que los frenaran a los encargados de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez y César Nava González.

En un primer intento por detenerlos mataron a tres normalistas y, en una segunda intentona, al joven jugador de un equipo de futbol, al chofer del autobús en que viajaba y una señora que por ahí pasaba.

Después detuvieron al grueso de los normalistas y los remitieron al cuartel de la policía de Iguala de donde fueron sacados en la madrugada por policías del municipio de Cocula que, a su vez, los entregaron a sicarios de los Guerreros Unidos.

Según el capo Casarrubias, él ordenó a un sujeto apodado El Gil que se deshiciera de ellos ya que, seguramente, eran parte de la banda rival llamada Los Rojos. El Gil se los llevó hacia Pueblo Viejo y ya no se supo más de ellos.

Esa es pues la narrativa de los hechos y el móvil, con imputaciones directas con las que se corre el riesgo de que todo quede en la probanza de que la responsabilidad recae en la pareja Abarca, como si ellos fueran las únicas autoridades municipales, locales y hasta federales que trabajan con o para la delincuencia organizada. Algo así como una pareja solitaria, tanto o más que el Mario Aburto que solito, según la verdad jurídica, asesinó a Colosio en 1994.

La argumentación, por lo demás, tiene otro elemento poco aceptado por la opinión pública: la confusión, el hecho que El Gil y sus Guerreros Unidos hayan pensado que los jóvenes de Ayotzinapa eran sicarios de Los Rojos.

Demos el beneficio de la duda a esa forzada narrativa que, de todas maneras, no lleva a encontrar a los desaparecidos ni vivos ni muertos, como tampoco lo consigue la salida de Ángel Aguirre del gobierno, aunque sin duda aportará un poco de distensión a la crisis.

El mismo miércoles del anuncio de Murillo Karam, la tensión creció en Iguala: la alcaldía fue incendiada y las tiendas saqueadas. La protesta se extendió a 18 ciudades del país y a varias del extranjero. Y en la ciudad de México, miles de jóvenes a los que se sumaron organizaciones sociales y el ciudadano común, marcharon del Ángel al Zócalo.

Esa misma noche, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, que se había empecinado en mantener el apoyo partidista a Aguirre, lo convocó de urgencia. En ese encuentro pactaron la solicitud de licencia que se presentó ayer y que el Congreso de Guerrero autorizará para nombrar gobernadora sustituta a Beatriz Mójica Morga, secretaria de Desarrollo Social del actual gobierno, consejera nacional del PRD y parte de la fracción Nueva Izquierda o de Los Chuchos, misma a la que pertenece el actual líder nacional Carlos Navarrete.

Ayer, finalmente, se concretó el acuerdo. Ocurrió lo inevitable. Aguirre deja el gobierno, se concede una exigencia central de las protestas y, seguramente, el ambiente político se destensará. Pero los normalistas no aparecen. El fondo de la crisis sigue igual, mostrando a una sociedad alarmada, que uno, diez, veinte, 43, pueden ser desaparecidos con la mano en la cintura por policías que trabajan con y para delincuentes, subordinados ambos al poder político que no solamente está en el ámbito municipal; y que amplias regiones del país son las tumbas clandestinas de los muchísimos muertos de una violencia que no cesa y que es expresión palmaria de un narco-estado en formación o quizás, ya, plenamente actuante.

Y mientras todo esto ocurre, habrá que prepararse para que nos den cualquiera de estas dos noticias: 1. Que encontraron los cuerpos sin vida, o 2. Que siguen desaparecidos y que ni restos hay de ellos. Peor imposible.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

miércoles, 22 de octubre de 2014

Gran Angular / El naufragio del PRD

 
El naufragio del PRD
 





Cuando el país hierve por la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, ejecutada hace 25 días en Iguala por policías y sicarios en la más grave expresión de narco-política de que se tenga registro, la dirigencia del PRD sostiene contra viento y marea su apoyo al gobernador Ángel Heladio Aguirre y su rechazo a la desaparición de poderes en Guerrero propuesta al Senado por el PAN.

Aquí decíamos en la entrega pasada que la renuncia de Aguirre no aparecerá a los normalistas, pero aportaría mucho a la distensión y ayudaría a la recuperación de la confianza, cuando el enojo y el malestar crecen no sólo en Guerrero, sino en todo el país.

El viejo priísta que se arropó en la llamada Nueva Izquierda del PRD para ganar la gubernatura cuando su partido, el tricolor, le negó la oportunidad de ser candidato, argumenta ahora que los únicos que pueden decidir si se va o si se queda, son los guerrerenses. ¿Qué no los ha visto y oído exigir su dimisión en las concurridas marchas de los últimos días y en las explosiones de rabia que ayer incendiaron el edificio sede del PRD? ¿El partido del sol azteca no acusará recibo de tales expresiones de repudio? ¿Por qué, entonces, la dirigencia encabezada por Carlos Navarrete mantiene su respaldo?

La respuesta incluye un temor y un mezquino cálculo electorero, sello de la casa en la Nueva Izquierda de Los Chuchos desde los tiempos en que su líder fundador, Jesús Ortega, aprendió en el acomodaticio Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), del desprestigiado Rafael Aguilar Talamantes, a siempre sacar un beneficio personal o político aun en la derrota.

El temor, entonces, es perder Guerrero en las elecciones del año próximo y/o evidenciar vínculos partidistas con la narco-política hoy dominante en Guerrero.

Y el cálculo mezquino es que sólo Aguirre, con su cacicazgo en un estado que gobernó como interino cuando Rubén Figueroa hijo renunció por su responsabilidad política en la matanza de campesinos de Aguas Blancas, sería capaz de mantener Guerrero para el PRD y para quien sería el candidato de Los Chuchos, Armando Ríos Piter.

Ese cálculo electorero que revela el poco interés en el tema central de esta crisis, la vida de 43 muchachos de una normal rural, es, sin embargo, altamente riesgoso y, por lo visto, con el repudio popular de los últimos días, resultará muy costoso para el PRD.

Respaldar a Aguirre en medio de semejante crispación social sólo ayudará a construirle al PRI un discurso ganador en un estado donde el PAN es inexistente. Y abre las compuertas de seguridad del PRD para que más militantes de una izquierda que ya no representa, se vayan a Morena o se vaya al partido de AMLO el voto de quienes se ubican en ese lado del espectro político.

Los neoconservadores han machacado hasta el cansancio que el PRD dirigido por Los Chuchos representa a la izquierda moderna, dialogante, constructora de acuerdos. Y esa es la gran coartada que los llevó al Pacto por México y a la aprobación de las reformas.

Es así que algunos llaman pragmatismo político lo que otros saben que es traición a los principios y subordinación claudicante.

Es altamente probable que la crisis de Guerrero nos lleve a asistir al naufragio del PRD.

Instantánea

TLATLAYA. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer ayer el resultado de su investigación sobre el caso Tlatlaya, en el Estado de México, y concluyó que ocho militares ejecutaron a por lo menos 15 de 22 presuntos delincuentes en una bodega de esa localidad, el pasado 30 de junio. Sus pesquisas sugieren que después de un enfrentamiento con los soldados, los presuntos delincuentes se rindieron y, aun así, al menos 15 fueron ejecutados extrajudicialmente. La CNDH documentó, asimismo, que durante la investigación del caso encontró obstáculos, uno de ellos que las autoridades hayan divulgado que era un enfrentamiento cuando eso fue una falsedad. Además, hubo alteración en el lugar de los hechos para tratar de simular un tiroteo y le proporcionaron a la Comisión fotografías a modo de ocultar que había sido una ejecución. Hasta el momento, ningún militar tiene un proceso penal abierto por homicidio.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
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Gran Angular / ¿En qué se parecen 1994 y 2014?

 
¿En qué se parecen 1994 y 2014?
 





Cuando Carlos Salinas celebraba el año nuevo de 1994, feliz porque unos días antes había firmado la entrada en vigor, ese mismo primero de enero, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (piedra angular de su programa reformista neoconservador), lo sorprendió y sacudió la noticia de un levantamiento armado indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le había declarado la guerra al Estado mexicano.

La realidad de marginación y abandono que dejó traslucir aquel levantamiento, no solamente en los Altos y la selva chiapanecas, sino en muchas otras regiones del país con raigambre indígena, chocaba con la pretendida entrada de México al primer mundo y el disfrute del auge prometido con el libre comercio, mentira que el propio Salinas se ocupó de construir y vendernos, casi hasta el convencimiento de los más escépticos, como parte de un proceso de legitimación política, pues no se olvide que llegó al poder mediante un fraude electoral.

Fue en Chiapas el inicio de la debacle del gobierno de Salinas: el asesinato de Colosio, la fuga de capitales por las veleidades de Carpizo en Gobernación, el crimen de La fragua en que perdió la vida José Francisco Ruiz Massieu, la negativa a devaluar antes de que concluyera el salinato y el error de diciembre, ya Zedillo en el poder, con todas sus consecuencias de endeudamiento, quiebra de empresas, pérdida de empleos y rescate de bancos.

Veinte años después, este 2014, un estallido en Guerrero se le ha atravesado a Enrique Peña Nieto en plena celebración de las reformas estructurales que, en opinión de quien esto escribe, tienen la misma simiente neoconservadora de aquellas de Salinas. Pero en el fondo de ese descontento social subyace el homicidio de seis personas a manos de policías coludidos con delincuentes que, además, forzaron la desaparición de 43 estudiantes de una normal rural.

Así, de repente, lo que hasta hace unos días era regocijo en las cúpulas del poder político y económico, así como entre los inversionistas extranjeros, por las famosas reformas que cambiarán a México, se transformó en preocupación.

La celebrada habilidad política que se materializó en el Pacto por México y que incluso alcanzó para privatizar la industria petrolera, de pronto se convirtió en pasmo.

Y ese pasmo duró una semana, desde el crimen y la desaparición hasta que encontraron las fosas clandestinas con cadáveres calcinados que bien podrían ser los desaparecidos.

La exigencia de esclarecimiento creció aquí y en el extranjero. Pero los gobiernos local y federal no respondían con la prontitud requerida, parecían concentrados en ganar tiempo, hasta que el lunes pasado Chilpancingo se incendió o fue incendiado, en una jornada desesperante, lamentable, que mostraba a gobiernos rebasados: el de Guerrero, sobre todo, pero también el federal.

Eso obligó a la reacción de ayer que bien puede puntualizarse así:

1. Los comparativos de ADN practicados a los 28 cadáveres de las primeras fosas permiten asegurar que ninguno corresponde a los normalistas desaparecidos.

2. La búsqueda se ha intensificado y en ella participan 300 agentes de la Gendarmería.

3. Con la detención de 14 policías de Cocula que cambiaron patrullas y falsificaron bitácoras para secuestrar a los normalistas y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos, ya se tiene a los autores materiales de esos hechos. A ellos se suman los 22 policías de Iguala ya detenidos y consignados.

4. Ya están identificados algunos de los autores intelectuales del ataque a los normalistas en Igual (tres de ellos muertos además de tres civiles) y de la desaparición de los otros 43.

5. La PGR ya solicitó orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca por el delito de homicidio. Además investiga a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

Pero en medio de todo esto, el PAN ha pedido al Senado la desaparición de poderes en Guerrero y el PRD le ha dado la espalda al gobernador Aguirre.

La crisis escala en medio de una matazón que no ha cedido, que también ocurre en Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México, con una movilización politécnica en marcha y otras expresiones más de descontento. La Iglesia se refiere a México como “el país de las matanzas” y no falta quien vea en el territorio una gigantesca tumba clandestina.

Iguala hechó por tierra promesas de futuro.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

lunes, 13 de octubre de 2014

Gran Angular / El choque PGR-Guerrero

El choque PGR-Guerrero


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Cuando lo que la salud de la nación necesita urgentemente es el esclarecimiento de los sanguinarios hechos de Iguala, ganar tiempo parece haberse convertido en el principal objetivo de los gobiernos de Guerrero y federal.

Ganar tiempo no es lo mismo que darse tiempo.

Darse tiempo, en situaciones tan críticas como la de la muerte y desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sugiere tomar el necesario para investigar concienzuda, puntillosamente, y/o fincar una acusación sólida que garantice el castigo de los culpables.

Ganar tiempo, a su vez, sugiere otras intenciones: acaso disponer del necesario para acomodar o encubrir hechos y así llegar a la conclusión menos dañina para delincuentes y autoridades que, por lo menos en este caso, todo apunta a que actuaron coludidos.

Y es tal la desconfianza ciudadana en sus autoridades (debilidad institucional le llamó el presidente Peña Nieto), que resulta más creíble pensar que, en lugar de darse tiempo para hacer una investigación sin mácula, en la que no quepa la menor de las dudas, los gobiernos trabajan para ganar el que les permita encubrir o distorsionar.

Eso explicaría dos cosas:

1. El que tarden tanto los resultados genéticos de los cadáveres calcinados en las fosas para saber si corresponden a alguno de los 43 normalistas desaparecidos. ¿O qué las nuevas técnicas forenses no permiten obtener resultados más prontos? ¿Por qué seguir soslayando, mientras están los peritajes, que a fosas y cadáveres se llegó por las declaraciones de varios de los policías municipales detenidos, que precisaron así el paradero de los normalistas buscados?.

2. La confrontación declarativa que protagonizaron el sábado el gobernador de Guerrero y el procurador General de la República. Ángel Aguirre se adelantó y salió a declarar el sábado que, por los primeros resultados periciales, algunos de los cuerpos de la fosas no corresponden a los de los normalistas desaparecidos. Horas después, Jesús Murillo Karam salía al paso del aserto, se preguntaba, entre serio y molesto, de dónde había sacado esa información el gobernador guerrerense y aseguraba que aún no hay suficientes elementos para poder realizar la identificación de los cadáveres calcinados de las fosas.

¿Por qué el gobierno local dice que los cadáveres no son de los normalistas y el federal, que off the record ha declarado estar convencido que sí son, le reclama que se adelante y confunda a los familiares de los desaparecidos, a quienes ya les dio el carácter de coadyuvantes cuando hace un par de días solicitaron el dictamen de una comisión forense independiente argentina, que ya está en Iguala pero que se le ha impedido acercarse siquiera a las fosas?.

Lo único que hace todo eso es atizar la desconfianza y dar lugar a un sinnúmero de interpretaciones y explicaciones en su mayoría interesadas.

El sábado, por ejemplo, circuló profusamente en Twitter este mensaje de la cuenta @solociudadanos: “Caso #Iguala Estemos atentos, se alista monumental, despiadado y desesperado montaje en torno al caso #Ayotzinapa #TodosSomosAyotzinapa”.

La cuenta incluye mucha información de Iguala y no sabemos a quién pertenece. Llama la atención, sin embargo, que el sábado 4 de octubre a las 8:11 horas (al menos tres horas antes de que se informara de la localización de las primeras fosas clandestinas y los cadáveres) alertaba: “Algo se está gestando presuntos responsables del levantamiento de estudiantes… aparecerá grupo de indigentes (sic) de Buena Vista de Cuéllar calcinados”.

Un minuto después, a las 8:12, @solociudadanos añadía: “Segundo aviso: se llevaron a seis indígenas (sic) para torturarlos y presentarlos en próximos días como responsables y éstos, a su vez, señalarán a La Maña y a municipales como responsables”.

Tres horas después, la opinión pública se sacudía con la noticia de las fosas y los cadáveres calcinados hasta ahora de desconocidos.

Se trata, por supuesto, de datos que deben tomarse con toda reserva, pues no se sabe quién o quiénes están detrás de esa cuenta. Podrían ser mensajes tendientes a crear más confusión, a provocar más terror, aunque también podría ser un auténtico ejercicio ciudadano tendiente a crear conciencia respecto a este hecho tan grave.

Por lo demás, nada de lo ahí dicho (levantamientos, torturas, violación de derechos) son prácticas en la que no hayan incurrido instancias del Estado mexicano en sus etapas más salvajes y represivas, o los grupos delincuenciales, cada vez más violentos. Lo nuevo y aterrador es que ahora operan conjuntamente, como al parecer ocurrió en el caso Iguala.

Urge, por eso, que la autoridad dé a conocer ya resultados contundentes y creíbles. No quiero imaginar qué pase si nos salen otra vez aquí con una versión como la de la muerte de la niña Paulette.



Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

viernes, 10 de octubre de 2014

Objeciones de la Memoria / Ayotzinapa

 
Ayotzinapa
 






Esta semana, Morena reiteró su condena enérgica a las desapariciones y asesinatos de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Se sumó al amplio sector de la sociedad que exige castigo sin miramiento a los responsables materiales e intelectuales, trátese de quien se trate.

No podría ser de otra manera, los hechos son terriblemente graves. No debe haber impunidad ni encubrimiento de ningún tipo. Las autoridades municipales, estatales y federales que sean responsables por acción u omisión deben rendir cuentas ante la justicia.

Y, por supuesto, se debe proteger a las familias de las víctimas y presentar a los desaparecidos con vida.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que el caso de Iguala no es único. En todo el país hay ejemplos muy graves de violencia, represión, inseguridad, violación a derechos humanos, abusos de autoridad y criminalización de la protesta.

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los responsables de haber generado el clima de violencia e impunidad que priva en México, y de usar los instrumentos de inteligencia para perseguir a opositores en lugar de prevenir la delincuencia y el crimen organizado.

México no era así. Hace 30 años la violencia era la excepción, no la regla. No obstante, en el sexenio calderonista ésta se incorporó a la vida cotidiana y copó espacios en los medios de comunicación como nunca antes.

Por si fuera poco, la actual administración federal ha sembrado y agudizado la violencia con sus reformas neoliberales. No hay gobierno, no hay atención a los problemas de la gente y del país. No se combate la corrupción. La economía no crece. Pareciera que el objetivo es destruir toda esperanza de progreso.

Por eso es importante respaldar las movilizaciones pacíficas de los familiares de los jóvenes asesinados o desaparecidos, sumarse a la indignación de la gente en todo el país y diversas partes del mundo que ha provocado la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República deben dejar de hacer politiquería, asumir su responsabilidad y dar una respuesta satisfactoria al clamor de justicia que emerge de la sociedad.

El pueblo de México debe seguir luchando pacíficamente por la abolición de este sistema inhumano y cruel. No se trata ya de un imperativo ideológico, sino de una necesidad práctica. Las cosas no pueden seguir así.



Martí Batres Guadarrama


Objeciones de la Memoria

Gran Angular / Más fosas en Iguala y El Viceroy

 
Más fosas en Iguala y El Viceroy
 






Los servicios de seguridad e inteligencia en diversos países, incluido el nuestro, llaman “desconcentración de operaciones en tiempo y espacio” a la realización y difusión de determinados operativos de impacto mediático, para desviar la atención, o por lo menos distraerla, de hechos críticos que pone en entredicho su efectividad, ya sea porque no fueron capaces de preverlos o porque fueron cómplices por omisión o comisión.

La detención ayer en Torreón de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, fundador del cártel de Juárez y sucesor de su hermano Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos tras su muerte el 4 de julio de 1997 es, en este caso, la operación desconcentrada.

La masacre de Iguala —con la aparición de otras cuatro fosas clandestinas con cuerpos calcinados— es el hecho cuya atención se pretende desviar, distraer, enfriar o, dicho en términos coloquiales, sacar del asador porque se quema.

No se sugiere con el aserto que el gobierno realice y difunda hechos espectaculares, preferentemente victorias en la lucha contra la inseguridad y la violencia, para dar carpetazo al caso del ataque policiaco a los normalistas de Ayotzinapa, la muerte de tres, la desaparición de 43 y su poco improbable fin en fosas clandestinas.

No, cerrar el caso Iguala desde un principio o a estas alturas, con la presión nacional e internacional que ha desatado, no solamente es inmoral, sino prácticamente imposible. El mismo presidente Peña Nieto ha prometido llegar en esto hasta donde tope. De manera que todo lo que surja en su esclarecimiento, que será mucho, tendrá que castigarse y asumirse legal y políticamente. No hacerlo sería el más grave error de Peña Nieto frente al que, con mucho, es el problema más grave y delicado que ha enfrentado.

Puede ser, por lo demás, que con la detención de Carrillo Fuentes (un capo que si bien era uno de los 122 objetivos a capturar y por el que la PGR y la DEA ofrecían millonarias recompensas, no tenía ya la influencia que alcanzó con su hermano Amado), se mande un mensaje de que el gobierno “está en control” y logrando éxitos, a pesar de la sacudida que ha provocado en sus cimientos la matanza de Iguala. Y qué mejor que el respiro de la captura de un histórico del narcotráfico en México.

Pero eso no acallará el indignado reclamo nacional por la desaparición de esos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que muy probablemente fueron asesinados e ilegalmente inhumados por efectivos policiacos asociados con delincuentes, bajo el mando ambos del alcalde perredechucho de Iguala, José Luis Abarca.

El fuego, entre tanto, llegó a los aparejos del gobernador de alma priísta y ropaje perredechucho Ángel Aguirre, quien ahora recurre a un mecanismo logrado por la izquierda que mal representa, para salvar el pellejo. De manera que hoy solicitará al Congreso el inicio de un proceso de revocación de mandato en el que, mediante referéndum, los guerrerenses decidirán si se mantiene o se va del cargo.

Mientras, sigue la desesperación de los padres de los normalistas desaparecidos y la satanización de sus compañeros en múltiples medios de comunicación que los tachan de vándalos y de vagos, exactamente en la misma línea que quiso enfatizar en el mensaje de que era preciso meter orden.

Son muchas las evidencias, por lo demás, de que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, al igual que la mayoría de otras escuelas rurales del país, son jóvenes dedicados a su preparación y que ven con toda seriedad que como futuros maestros son factor cambio y movilidad social no sólo en sus comunidades, sino en sus estados y en el país entero. En congruencia con ese pensamiento llevan su lucha hasta la confrontación con los aparatos del Estado.

El sistema de normales rurales del país fue creado durante el cardenismo y es otra de las muchas obras de ese periodo que tienden a ser desmanteladas por la élite que hoy gobierna. La reforma educativa —por cierto— plantea abiertamente su desaparición.

Instantánea

AVIÓN PRESIDENCIAL. La fábrica de aviones Boeing entregó ayer a México el nuevo avión presidencial que tuvo un costo de 139 millones de dólares a pagar en 15 años. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó su llegada ayer a la Base Aérea de Santa Lucía como parte de sus vuelos de prueba. Regresará a algún punto de Estados Unidos para completar su equipamiento. El nuevo TP-01 entrará en operaciones hasta septiembre próximo.



Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular

El Gráfico

miércoles, 8 de octubre de 2014

Gran Angular / La masacre del PRD

 
La masacre del PRD
 





En los orígenes, la militancia del PRD fue víctima. Después, mejor posicionada, fue caja de resonancia y denuncia de matanzas como la de Aguas Blancas, Guerrero, en 1994. Hoy, al cabo del tiempo, es autora, o por lo menos copartícipe, de una masacre, la primera cometida por esas siglas desde el poder: seis muertos en el ataque en Iguala a normalistas de Ayotzinapa y 43 desaparecidos, entre los que podrían estar, si llegan a confirmarlo los periciales genéticos, los 28 cadáveres encontrados ahí mismo en seis fosas clandestinas.

Un personaje central en esta trama que ha indignado al país entero, es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, contra quien ya hay una orden de aprehensión, se promueve su desafuero y es prófugo de la justicia.

Ocurrido el ataque contra los normalistas la noche del 26 se septiembre y la madrugada del 27, declaró no tener conocimiento de lo ocurrido porque él estaba en una fiesta. Reacciones no tan cínicas aunque probablemente con la intención de minimizar lo ocurrido, provinieron del gobernador Ángel Aguirre, de diarios locales afines a su gobierno que enfatizaban en la idea de que por fin alguien metía orden e incluso del presidente Peña Nieto que dijo que era un asunto local respecto al cual la responsabilidad la tenía el gobernador de Guerrero.

Al cabo de una semana, sin embargo, aparecieron las seis fosas clandestinas y los 28 cadáveres calcinados, y aunque no hay aún un sustento científico que confirme que se trata de parte de los desaparecidos, el impacto nacional e internacional de la información obligó a rectificaciones. Una de ellas, por fortuna, la del presidente Peña Nieto que comprometió castigo a los responsables y dijo que en su gobierno no habrá el más mínimo resquicio para la impunidad.

En ese contexto, EL UNIVERSAL hizo público un documento interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que sugiere algo de lo ocurrido en Iguala y revela vínculos criminales del alcalde Abarca.

Respecto a los hechos violentos del 26 de septiembre, el reporte del Cisen dice que un grupo de 100 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pretendía trasladarse al zócalo de Iguala, después de participar en una movilización, donde a las seis de la tarde rendiría su informe de labores como presidenta del DIF municipal, la esposa del edil, María de los Ángeles Pineda Villa.

El esposo de la señora, es decir, el alcalde Abarca, ordenó al jefe de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez que impidiera el arribo al zócalo de los normalistas, que por ningún motivo debían llegar ahí. Éste dispuso que decenas de policías municipales frenaran a los estudiantes, lo que derivó en enfrentamientos físicos y verbales, seis muertos, persecuciones, detenciones y desapariciones respecto de las que el alcalde Abarca siempre estuvo perfectamente informado, dice el Cisen.

Tras la detención de policías municipales relacionados con los hechos y la revelación de que trabajaban para el cártel Guerreros Unidos, se evidenció que igual trabajaban para su jefe político que para su jefe delincuencial que, ahora resulta, podría ser el mismo.

De ahí la importancia de la revelación que hace el Cisen al señalar que Abarca está relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva, gracias a los nexos de su esposa y cuñados (hijos del líder de Guerreros Unidos), con Arturo, el famoso Barbas, abatido por la Marina en Cuernavaca el 17 de diciembre de 2009.

Abarca habría sido lavador de los Beltrán Leyva, y ya en esa condición, es que el PRD de Los Chuchos lo escoge como candidato externo a la alcaldía de Iguala. Esa misma tribu perredista es la que le ofrece a Ángel Aguirre (bateado por el PRI para postular a Manuel Añorve Baños) la candidatura a Guerrero por el sol azteca.

René Bejarano y Dolores Padierna, de Izquierda Democrática Nacional, tribu opositora a la Nueva Izquierda de Los Chuchos, había denunciado el pasado criminal de Abarca. Lo señalaron como responsable de la muerte del líder social Arturo Hernández Corona de la organización Unidad Popular, pero nadie les hizo caso.

Si Abarca, como jefe político ordenó a su policía la matanza, es represión, un delito. Si lo hizo como jefe delincuencial, es un acto de terror, también un delito. ¿Es posible que el gobernador Aguirre lo ignorara? Difícilmente, aunque no imposible, pues recuerde lo que aquí le había contado de que el gobernador ha dejado al estado en manos de su padre y su hermano. En todos los casos hay una responsabilidad política que debe asumirse, sí, con la renuncia, aunque el PRD —más preocupado en no perder Guerrero que en aclarar su masacre— insista en defender al guerrerense.



Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

lunes, 6 de octubre de 2014

Gran Angular / Otra vez la guerra sucia

 
 Otra vez la guerra sucia
 






Una semana después del ataque que dejó seis muertos y 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el gobernador Ángel Aguirre y su procurador Iñaqui Blanco informaron del hallazgo de fosas clandestinas, muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos violentos. De una de esas fosas fueron exhumados 28 cuerpos calcinados, según confirmó la secretaria de Salud de Guerrero. Aguirre y Blanco informaron que se harían exámenes genéticos para determinar si los cadáveres encontrados son de algunos de los normalistas desaparecidos y dijeron tener ya evidencia de que el ataque fue perpetrado por un cártel del crimen organizado que se llama Guerreros Unidos, a cuyo servicio estaban los policías municipales detenidos quienes, con sus declaraciones, llevaron al hallazgo de los entierros clandestinos. Ya el sábado en la noche, la PGR informó que atraía la investigación del caso.

El sentido común permite inferir que al menos algunos de los cuerpos calcinados y arrojados a esas fosas, corresponden a normalistas desaparecidos. Son varias las razones: las fosas están prácticamente en el mismo lugar en que fueron atacados y desaparecidos los jóvenes de Ayotzinapa, a quienes no se les encuentra por ninguna parte desde hace siete días, lapso en que la PGR no atrajo el caso hasta que supo el sábado de entierros y cadáveres; y se llegó a ellas con las indicaciones de los policías municipales detenidos.

¿Por qué el crimen organizado tendría que masacrar a los normalistas de Ayotzinapa? Si ellos estuvieran o se hubieran coludido con el crimen organizado como para ser objeto de un castigo, represalia o venganza por traición o delación, ¿secuestrarían camiones para trasladarse a sus movilizaciones o botearían para financiar sus protestas? Con la delincuencia organizada detrás de ellos, ¿no dispondrían de muchos más recursos para dedicarse de lleno y más intensamente a su activismo social y político?

Si se comprueba, como parece que ocurrirá, que algunos o todos los normalistas desaparecidos fueron muertos, calcinados e inhumados en fosas clandestinas; y que todo esto fue obra por un cártel criminal, quedaría claro que éste hizo el trabajo sucio para acallar la protesta normalista, pero curiosamente recurrió para hacerlo a una policía municipal totalmente infiltrada pero al servicio, por igual, de los capos y los políticos del estado.

El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, dijo horas después del ataque policiaco a los jóvenes de Ayotzinapa que ni siquiera estaba enterado del problema porque estaba en un baile. Después ni la cara dio. Se le citó a declarar como testigo, pero no apareció. Más adelante se le dictó orden de aprehensión y tampoco se presentó, por lo que hoy es prófugo de la justicia y se le incrimina en la muerte de al menos seis personas y la desaparición de otras 23.

El gobernador Ángel Aguirre, por su parte, no ha atinado a siquiera armar un discurso que contenga la certeza, ya generalizada, de que Guerrero está fuera de control, con la delincuencia desatada, la inseguridad en niveles intolerables y la represión a la protesta social abierta y descarada. Guerrero es, junto con Michoacán y Oaxaca, un estado en medio de una grave crisis de gobernabilidad.

Así que, se confirme o no que los muertos de las fosas son los normalistas desaparecidos, está en riesgo la cabeza del gobernador de alma priísta y ropaje perredista Ángel Aguirre. Hasta su casa de gobierno en Chilpancingo llegaron normalistas enfurecidos que lanzaron petardos y bombas molotov, mismos que ayer domingo bloquearon la Autopista del Sol por horas. Y mientras todo esto ocurría, qué desesperanzador, el gobernador Ángel Aguirre era arropado por el PRD en su Consejo Nacional.

Por todo lo anterior, le digo que lo que ocurre en Guerrero, además de su ingobernabilidad, inseguridad y violencia, es otra guerra sucia.

Instantáneas

1. PERRECHUCHOS. Como era previsible por el control que ejercen en su Consejo Nacional, la corriente de Los Chuchos ganó y mantiene el control del PRD con Carlos Navarrete, el secretario del Trabajo. El ahora ex dirigente nacional, Jesús Zambrano, dijo que era inevitable romper con López Obrador y reconoció que hubo salida de militantes para irse a Morena, pero que ese número quedará compensado con sectores de la clases media y la academia que simpatizan —dijo— con el nuevo rostro del PRD: moderno y dialogante.

2. AJUSTES. Los precios de la mezcla mexicana han caído por debajo del precio proyectado en el Presupuesto. El precio estimado en el Presupuesto fue de 85 dólares por barril y ahora se vende a 84 dólares con 15 centavos por barril.



Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

viernes, 3 de octubre de 2014

Objeciones de la Memoria / Violencia de Estado

Violencia de Estado


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El 2 de octubre es una fecha importantísima en el calendario mexicano. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre las ganas de cambio de la sociedad mexicana y la resistencia a la transformación por parte de la clase política mexicana que llegó en 1968 al extremo de la criminalidad.

Para comprender el 68 es necesario observar al movimiento antes de la matanza de Tlatelolco. El movimiento estudiantil mostró que es posible y deseable enfrentar a los sistemas autoritarios con alegría y determinación. Los estudiantes de ese entonces mostraron una nueva forma de hacer política, crítica de los totalitarismos de derecha pero también de izquierda.

El gobierno de Díaz Ordaz no supo qué hacer con los estudiantes porque no pudo comprender la naturaleza del movimiento, porque no pudo engañarlos y mucho menos pudo comprarlos. Antes como hoy, para los gobiernos del PRI todo lo que no se puede comprar o engañar es susceptible de ser perseguido y reprimido.

El regreso del PRI al poder nos ha permitido comprobar que la visión autoritaria de ese partido no ha cambiado. No llegamos todavía a la mitad del sexenio pero Peña Nieto y Osorio Chong ya han dejado una estela represiva por todo el país.

Ahí están Nestora Salgado, el doctor Mireles, las comunidades que luchan contra la construcción de La Parota, la tribu yaqui cuyos dirigentes son perseguidos y encarcelados, los presos en Quintana Roo por luchar contra la privatización del agua como ejemplo de que el PRI no ha cambiado su naturaleza represora.

Aún más, la tradición autoritaria del PRI se ha filtrado incluso a gobiernos de otros signos políticos como es el caso del estado de Puebla donde hay un menor muerto por la aplicación de la llamada Ley Bala que autoriza el uso de la fuerza contra manifestantes o el caso de Ayotzinapa.

El autoritaritarismo contemporáneo en México se manifiesta también en los medios desde donde se intenta minimizar, estigmatizar y criminalizar la protesta. Se sataniza a quienes protestan en las calles, pero se les olvida que hay funcionarios públicos encargados de que todo marche bien para que ningún ciudadano tenga la necesidad de protestar.

En contraste, el movimiento del 68 también dejó el legado de personajes fundamentales en la historia reciente del país que nunca se corrompieron, que se mantuvieron críticos, en pie de lucha contra el régimen autoritario. Ahí está el ejemplo de Heberto Casillo, José Revueltas, Raúl Álvarez Garín y tantos otros que con menos notoriedad se han mantenido firmes, honrando la memoria de sus compañeros asesinados en Tlatelolco.

Efectivamente, el 2 de octubre no se olvida, permanece en la mente de quienes protestan, de quienes luchan por transformar pacíficamente al país. Hoy como ayer continúa la lucha por la democracia, contra los fraudes electorales, contra los monopolios de la comunicación, por la libertad de los presos políticos, contra la represión y por la presentación de los desaparecidos.




Martí Batres Guadarrama

Objeciones de la Memoria