lunes, 27 de octubre de 2014

Gran Angular / El caso Iguala y sus pesadas facturas

El caso Iguala y sus pesadas facturas



Imagen






Al PRD y al gobierno de Enrique Peña Nieto, la crisis de Iguala les ha pasado ya una pesada factura cuyo costo crecerá conforme pasen los días y no aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el partido del sol azteca se ha profundizado la fractura, a grado tal, que la corriente que confronta con más fuerza a la que domina sus estructuras de mando ya pide el desconocimiento del recién electo Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Carlos Navarrete.

Éste, como se sabe, pertenece a la tribu dominante, la Nueva Izquierda de Los Chuchos, que apoyó la candidatura del hoy depuesto gobernador Ángel Aguirre y la del prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Navarrete y Los Chuchos (Jesús Ortega y Jesús Zambrano), convencidos de que Aguirre era el único que podía garantizarles la continuidad en Guerrero con la candidatura del senador Armando Ríos Piter, mantuvieron hasta el último momento su apoyo al defenestrado gobernador. Cometieron el error de privilegiar sus intereses electorales sobre la humana y hasta políticamente correcta exigencia de abocarse a aclarar, antes que nada, el ataque y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

De manera que no pudieron resistir más la presión de Peña Nieto, del PRI y del PAN, así como de la comunidad internacional, y Aguirre, a regañadientes, se vio obligado a solicitar licencia el jueves pasado.

El control de daños incluía la designación como gobernadora sustituta a otra influyente integrante de Los Chuchos, la consejera nacional y secretaria de Desarrollo Social del estado, Beatriz Mojica Morga, quien el mismo jueves se perfilaba claramente como la sucesora de Aguirre.

Pero el apoyo a éste y la gravedad de la crisis de Iguala ya había debilitado de tal manera a Navarrete y a Nueva Izquierda, que no les alcanzó para amarrar la designación de Mojica entre la mayoría perredista y la oposición priísta en el Congreso del Estado.

Fue así que durante el fin de semana surgió una alternativa conciliadora en la figura del académico Rogelio Ortega, en esos momentos secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero y vinculado, por cierto, al grupo político de Armando Chavarría, cuyo asesinato en agosto de 2009 cortó de tajo sus aspiraciones para suceder al entonces gobernador Zeferino Torreblanca.

El sábado pasado, el Congreso de Guerrero dictaminó y aprobó la licencia solicitada por Aguirre, pero ese mismo día, normalistas y maestros disidentes radicalizaron su protesta, saquearon centros comerciales de Chilpancingo y enviaron el mensaje de que, aun con la renuncia del gobernador, la crisis ni siquiera se encaminaba por una ruta de solución.

Urgía entonces llenar el hueco constitucionalmente y amarrada la designación de Ortega, el Congreso de Guerrero citó a sesión ayer a las ocho de la mañana. Rogelio Ortega rindió protesta y pronunció un discurso en el que estableció como prioridad la localización de los normalistas desaparecidos. “Ayúdenme”, fue la palabra más utilizada en su alocución. Ayuda que mucha falta le hará para culminar la responsabilidad que asumió y terminará en octubre del año próximo.

Concluido el protocolo, la corriente Izquierda Democrática que encabeza René Bejarano, pidió el desconocimiento de la dirigencia nacional del PRD por su mostrados vínculos con la delincuencia organizada.

Otra de las operaciones perredistas de control de daños era, por supuesto, la derivación de responsabilidades hacia Andrés Manuel López Obrador, a partir de lo que —aseguran— fue su apoyo como candidato presidencial a Ángel Aguirre y la designación que hizo como candidato de Morena al gobierno de Guerrero de Lázaro Mazón, hasta hace unos días secretario de Salud del estado, cargo del que fue separado por su no negada relación de amistad con el alcalde prófugo, José Luis Abarca. El fraseo mediático de esas relaciones llevó a manipular la idea de que AMLO tenía relación con quien ahora es acusado de autor intelectual del ataque y la desaparición de los normalistas.

Pero ayer, en el multitudinario mitin de Morena realizado en el Zócalo, López Obrador aclaró que no conocía ni jamás se reunió con Abarca y respecto a Aguirre, reveló que jamás firmó con él compromiso alguno de apoyo porque rechazó respaldar que los normalistas tuvieran garantizadas sus plazas en el magisterio. No negó, por cierto, su relación con Mazón, pero exigió que, para eliminar suspicacias y encaminarnos al conocimiento de lo ocurrido, se conforme una comisión de la verdad.

En medio de todo esto, el gobierno de Peña Nieto ve cómo pasan a un segundo término

los festejos por sus reformas y, arrinconado, no atina cómo justificar y defender una estrategia de seguridad que a todas luces ha fallado y que deberá cambiar.




Raúl Rodríguez Cortés

Gran Angular
El Gráfico

No hay comentarios: